La candidata a la Asamblea Nacional por el PRIAN, se refirió a la multa impuesta por el TCE (Tribunal Contencioso Electoral) en contra de Álvaro Noboa. Sylka Sánchez aclaró que:

Una vez más Álvaro Noboa y el PRIAN somos sujetos de persecución política por parte de este gobierno,  que da órdenes y mete la mano  en todas las instituciones del estado, ya que no es el Ab. Álvaro Noboa, el que ha hecho las donaciones,  sino la Fundación Cruzada Nueva Humanidad, fundada en el año 1977,  persona jurídica que brinda asistencia médica, educación y entrega microcréditos de fomento a la producción,  ayudando a los más necesitados del Ecuador.

Dentro del expediente se verificaron una serie de nulidades procesales, omisiones de solemnidades sustanciales que producen la nulidad del expediente, ya que entre gallos y media noche nos cambiaron la hora de la audiencia, adelantándola dos horas, aun así agregamos procesalmente todas y cada uno de ellos elementos probatorios de descargo que demostraban que se trataba de un microcrédito para pequeños comerciantes.

La Fundación Cruzada Nueva Humanidad no entrega dádivas,  la dádiva es un regalo, lo que da la Fundación CNH son herramientas de trabajo, microcréditos para que las personas de escasos recursos económicos puedan comprar artefactos eléctricos,  equipos, materiales, para que puedan montar sus propios negocios y de esta forma mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Los miembros del Tribunal de lo Contencioso Electoral (otro entre, burocrático más  del estado) para justificar su sueldo,  se están dedicando a imponer sanciones a los partidos políticos de oposición, mientras que cierran los ojos ante las denuncias contra los abusos del partido de gobierno. Quiero dejar aclarado que la mayoría  de partidos políticos están siendo investigados por diversas  denuncias de carácter electoral.

Es importante aclarar que el día de hoy,  inmediatamente después de habérsenos notificado con la sentencia,  hemos presentado ante el superior el recurso de apelación correspondiente,  a efectos de probar ante el pleno y en audiencia los derechos que nos asisten.